Su sometimiento ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se produjo el 17 de abril de este año, en una audiencia a cargo de la jueza Lisa Veras Rivas, quien le impuso la medida cautelar.
De acuerdo con el relato de los hechos presentados por la Fiscalía para conseguir prisión preventiva contra el imputado de 32 años, este había sido apresado dos días antes de su sometimiento, un día 15 de abril, luego de que supuestamente lo agarraran infraganti tratando de escapar después de realizar un robo en una casa del Residencial Atala, en el Distrito Nacional.
Supuestamente el imputado logró cargar con una laptop, un cargador, un cable adaptador USB, un bulto en el que cargó con los objetos.
Al tomar la palabra el imputado dijo: “Yo no tengo nada que ver en eso.. Estoy enfermo... Necesito que me den la oportunidad de salir y buscar ayuda”. Según su abogado público, el imputado tenía VIH y estaba en un estado delicado de salud. Pidió presentación periódica, pero le fue negada.
El tribunal consideró que las pruebas de la Fiscalías eran suficientes para imponer la prisión preventiva de tres meses en la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva debido a la pandemia, pero que transcurrido ese tiempo debía ser enviado a Najayo.
El imputado murió la mañana el miércoles 20 de agosto, y según denuncias de sus allegados, no recibió la ayuda que necesitaba.
Culpa de la Fiscalía y el Poder Judicial
Consultada sobre este caso, la abogada penalista Luz Díaz Rodríguez explicó que el derecho a la salud es un derecho fundamental que “no queda en pausa, no se suspende ni mucho menos puede reprimirse cuando una persona está siendo sometida a un proceso penal”.
Entiende que, si se verifica que el hecho ocurrió en esas circunstancias, es grave, ya que “se trata de una persona que ha fallecido en una condición de prisión preventiva, cuya culpabilidad ni siquiera ha sido probada ni reconocida por una sentencia irrevocable”.
Mientras que el jurista Carlos Salcedo, dijo que este caso es una reiteración de lo que se ha dicho durante tanto tiempo. Que el Ministerio Público sigue con la idea de un código inquisitivo y pidiendo prisión, cuando la libertad es la regla y la prisión es la excepción.
“Si este hecho no era tan trascendente, la culpa de esta muerte entonces la tendría el Ministerio Público que solicitó la prisión preventiva y probablemente el juez que impuso la medida y que simplemente no tuvo en cuenta la condición de salud que ya venía alegando el preso preventivo”, opinó el abogado.
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