El pasado 16 de agosto Abinader asumió su mandato en medio de una crisis sanitaria y económica producto de la pandemia por Covid-19, lo que significó que se enfrentaría a un “gran reto” gobernando el país en un contexto completamente desconocido.
“No habrá impunidad para la corrupción del pasado” fue una de las advertencias que hizo Abinader en cuanto a la lucha a favor de la justicia y la transparencia. Desde su toma de posesión, el presidente se comprometió a llevar a cabo una gestión ética.
En su discurso ante la Asamblea Nacional el pasado 16 de agosto, el mandatario señaló que no aceptará “ningún tipo de irregularidades ni indiscreciones durante su gobierno y quien las cometa será sometido a la rigurosidad de la ley”.
Una justicia independiente fue la bandera que enarboló el gobernante, quien ha reiterado en numerosas ocasiones que “no se involucra en los temas del ministerio público”.
A principios de agosto, Abinader anunció la disolución del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), cuyos directores Fernando Rosa y Francisco Pagán guardan prisión preventiva por tres meses junto a otros imputados por acusaciones de corrupción y estafa al Estado.
El pasado 9 de diciembre el presidente presentó el “Plan Integral de Reformas Institucionales”, que contiene leyes, reglamentos y decretos, con el objetivo prevenir y erradicar la existencia de corrupción administrativa durante su mandato.
Entre las principales medidas del presidente se encuentra una reforma constitucional para “convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del ministerio público y un legado institucional duradero”.
Siguiendo esta línea, el pasado 14 de diciembre creó el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público mediante el decreto 695.20, con el fin de “incrementar la eficiencia, eficacia y agilidad en la toma de decisiones a nivel de la administración pública”.
Este organismo estará encabezado por Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
Otras medidas anunciadas por Abinader han sido el aumento de consultas populares vía referendo, la creación de una subdirección antifraude dependiente de la Contraloría General, la eliminación del “barrilito” (fondo para asistencia social que manejan los legisladores) y la creación de un portal único de transparencia.
En cuanto a las leyes, el mandatario anunció que serán modificadas la ley de Compras y Contrataciones Públicas, la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, y la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas.
En adición a esto, se aprobará la Ley General de Publicidad Estatal y se aplicará la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, con el fin de que los ciudadanos tengan pleno acceso al derecho a la información.
Controversias en el Ministerio de la Juventud
Durante estas últimas semanas la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha estado citando a funcionarios públicos para interrogarlos sobre sus declaraciones juradas de patrimonio.
Tal fue el caso de la exministra del Ministerio de Juventud, Kimberly Taveras, quien había tomado una licencia de 60 días sin disfrute a sueldo por supuestos ataques recibidos en su contra tras ser investigada por su declaración jurada de bienes.
Luego de un trabajo de investigación presentado en el programa de la periodista Nuria Piera, Taveras sostuvo que tiene cómo demostrar ante el país la forma en que adquirió todos sus bienes a su corta edad, los cuales ascienden a los RD$74 millones.
El 7 de diciembre, a través de una publicación en su cuenta de Twitter, la exfuncionaria hizo pública la renuncia que le había entregado al presidente Abinader, convirtiéndose en la primera ministra que renuncia en menos de cuatro meses a su cargo por investigación de patrimonio.
Lucha contra la corrupción
El martes 8 de diciembre se conoció la medida de coerción de los once imputados en la Operación Anti-pulpo del ministerio público, acusados de participar en un “entramado societario” que se dedicaba a cometer actos de corrupción administrativa y testaferrato durante la pasada gestión del expresidente Danilo Medina.
Entre los imputados figuran Magalys Medina y Juan Alexis Medina, hermanos del expresidente Medina; Fernando Aquilino Rosa, expresidente Fonper; el exministro de Salud Pública, Wilfredo Hidalgo Núñez; el exdirector general de la OISOE, Francisco Pagán.
Otros acusados de la lista son Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Wacal Vernavel Méndez Pineda y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Después de más de 26 horas de audiencia, a todos los involucrados se les dictó tres meses de prisión preventiva a cumplirse en Najayo-Hombres, a excepción de Germosén, Magalys y Núñez, quienes deben cumplir prisión domiciliaria. Mientras que a Muñoz se le otorgó libertad con presentación periódica.
“Superar el reto de la educación a distancia”
Asegurar la educación para los dos millones 200,000 estudiantes matriculados en el sector público y los 600,000 pertenecientes al sector privado, fue uno de los primeros objetivos del mandatario ante la incertidumbre de la población por conocer qué sucedería con el año escolar 2020-2021.
“Para el inicio del año escolar, todos los niños y jóvenes de las escuelas y liceos de la República Dominicana dispondrán de una Tablet o laptop para que puedan seguir su formación independientemente de cómo sea la evolución de la pandemia y su nivel económico”, expresó el presidente en su toma de posesión.
A pesar de que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, aseguró que la pasada gestión administrativa “no dejó informes ni un plan establecido para la apertura de la docencia”, 11 días después de la toma de posesión se presentó ante el país el Plan Nacional de Educación que contempló las pautas para el nuevo año escolar.
A fin de lograr su cometido, el Gobierno invirtió RD$50,000 millones para la compra de contenido digital, dotación de equipos tecnológicos para los alumnos, el acondicionamiento de la planta física de las escuelas y la simplificación curricular.
Para el 2 de noviembre, día en el que inició el año escolar, el Ministerio de Educación sólo había entregado 70 mil computadoras a los docentes, mientras los estudiantes aún no contaban con los aparatos tecnológicos prometidos por Abinader.
El plan elaborado por el Ministerio contempla que los estudiantes que no cuenten con acceso a internet ni dispositivos digitales recibirán las clases a través de la transmisión por televisión nacional y radio.
La “Estrategia Aprendamos en Casa” se basa en los docentes, cuadernillos y multimedia, donde cada estudiante debe completar un cuadernillo mensualmente a partir del contenido multimedia presentado en los medios de comunicación.
En cuanto al desayuno escolar, una de las principales preocupaciones de los padres y tutores, el Ministerio de Educación contempló el suministro de “kits alimenticios” compuestos por crudos y alimentos no perecederos que les serían entregados a las familias.
A pesar del plan esbozado por el gobierno, la brecha digital, la falta de equipos tecnológicos y recursos, la poca disponibilidad de los padres y tutores, así como los constantes apagones son factores que todavía obstaculizan la estrategia educativa.
Acceso a la salud y atención al Covid-19
Cuando asumió su mandato, Abinader anunció el aumento del presupuesto de salud por más de RD$66,000 millones durante sus primeros cuatro meses de gobierno para enfrentar la crisis sanitaria producida por la pandemia.
Por igual, prometió afiliar a 2 millones de dominicanos al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y destinar RD$1,500,000 para la compra de insumos y las disposición de camas y laboratorios para los centros de salud.
A través de su cuenta de Twitter el mandatario expresó que “Con los ahorros que obtendrá el Estado producto de la fusión y eliminación de instituciones innecesarias, a partir del 16 de agosto, ahorraremos los recursos necesarios para incluir a los dos millones de dominicanos que no están en el Seguro Familiar de Salud”.
Con el aumento del presupuesto de Salud Pública a RD$15 mil millones, Abinader contrató a 208 médicos generales y mil especialistas para tratar el Covid-19.
El jefe de Estado también ha invertido cifras millonarias para construir y terminar hospitales del país. Un ejemplo de esto ocurrió cuando en el mes de noviembre anunció una inversión de RD$100 millones para finalizar el Hospital Vinicio Calventi, ubicado en el municipio Los Alcarrizos.
Respecto a las vacunas contra el Covid-19, Abinader anunció el 7 de octubre que depositará el dinero para comprar 10 millones de vacunas, que se aplicarían a 5 millones de ciudadanos en vista de que se necesitan dos dosis por persona.
Turismo y reactivación económica
Para contrarrestar las cuantiosas pérdidas económicas resultado de la recesión del sector turístico y productivo por la pandemia, el jefe de Estado anunció la primera fase del “Plan de Incentivo al Turismo Interno” con una inversión de RD$420 millones.
Por otro lado, el 5 de septiembre el mandatario entregó el muelle turístico de Miches con un costo superior a los RD$52 millones y viajó a Barahona, donde anunció la entrega de RD$1,025,000 para la terminación de un helipuerto, que estaba detenido desde el 24 de marzo por el inicio de la pandemia.
En materia económica, el mandatario anunció financiamientos en apoyo al sector agrícola, varias inversiones en el sector productivo y prometió soporte a los empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
El 9 de octubre el Gobierno anunció la inversión de RD$5,000 millones a través de Banca Solidaria para financiar a los medianos y pequeños empresarios.
Asimismo, Abinader anunció la remodelación y construcción de 10 nuevas naves del Parque Industrial Zona Franca La Vega, con una inversión de RD$300 millones para generar aproximadamente 600 empleos en la zona.
En La Vega, entregó préstamos por más de RD$10 millones en apoyo a las Mipyme y ordenó la reconstrucción del mercado de la provincia con una inversión de RD$120 millones.
Programas sociales y ayudas
En sus primeros 100 días de mandato, Abinader indicó que su “gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario para mantener todos los programas sociales como consecuencia de la pandemia”.
El mandatario ha destinado un presupuesto suplementario superior a los RD$200 mil millones para poder extender hasta el 31 de diciembre los programas temporales Fase, Pa’ ti y Quédate en Casa.
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